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¿Somos bipolares?

Entendiendo que la bipolaridad es una enfermedad compleja para quienes la padecen y, sin ánimo de herir susceptibilidades, Colombia parece estar cogiendo un rumbo bipolar, en el cual se piensa una cosa, se hace otra, y todo parece normal. No hace más de tres meses, dos titulares de prensa acapararon la atención: “Colombia, el segundo país más feliz del mundo” y “Depresión en Colombia es más alta que el promedio en el mundo”. 
¿Cómo podemos ser tan felices y a su vez tener un alto porcentaje de personas deprimidas?

Si esto lo trasladamos al sector minero-energético, nos pasa lo mismo. Un caso es el de la minera Gran Colombia Gold, en el cual un fallo del Consejo de Estado reconoció derechos a personas dedicadas a la extracción ilícita de minerales en el título de la empresa. Un segundo ejemplo es la paradoja que se elevó por la consulta popular de Cajamarca, en el cual se identificó uno de los prospectos más grandes del mundo para explotar oro, solo para que ahora, luego de que Anglogold Ashanti llevara más de una década haciendo los estudios pertientes, ya no se pueda hacer minería allí.

La bipolaridad en estos casos radica en que el Gobierno establece al sector como un fundamental, hace una reforma institucional profunda para adecuarla a las mejores prácticas, se realizan road shows, llegan empresas de trayectoria que creen en este mensaje de bienvenida, invierten, generan empleo e inician operaciones solo para que, fundamentado en mentiras o verdades a medias, se convoquen movilizaciones en contra de la minería.

En el sector eléctrico hay casos parecidos. Por ejemplo, luego de haber finalizado uno de los proyectos hidroeléctricos de mayor inversión, se decide que el censo efectuado debía volverse a realizar, y que debía continuarse haciendo durante la vida del proyecto en una especie de “censo dinámico”, lo cual es abiertamente contradictorio y absurdo. 
Adicionalmente, cada vez es más complicado y costoso realizar un proyecto de generación, transmisión y/o distribución porque los riesgos son muy altos. Uno de los principales temas es el manejo con comunidades, las cuales, aprovechando la ausencia de leyes, incumplen la normatividad, pues llegan personas de fuera de la zona de influencia, organizadas en mafias, buscando lucrarse a costa de las compañías. 

Otro caso es cuando los políticos se oponen a los proyectos solo porque eso da votos. El ejemplo es la subestación eléctrica de Armenia, en la cual, en el 2014, la gobernadora hizo campaña abierta en contra de su desarrollo. Este proyecto era esencial para garantizar la prestación del servicio y sin este se hubiera presentado un apagón. Lo que sí podemos concluir es que existen riesgos en la ejecución de proyectos por decisiones de las altas cortes y tribunales, la demora en licencias y permisos, el oportunismo de ‘mafias sociales’ y el populismo de algunos líderes. 

Cada vez cobra más valor la propuesta hecha por los gremios de este sector de tener una ventanilla única, en la cual las empresas se entiendan con un solo interlocutor. Urge la existencia de una ley de consulta previa, para poder regular lo que las cortes han dado como lineamientos en el procedimiento. 

Finalmente, preguntémonos como sociedad: ¿qué es lo que queremos?, ¿desarrollar nuestros recursos y tener ingresos altos para lograr un desarrollo económico como el de Singapur? ¿O mantener políticas populistas e impuestos más altos que destruyen la actividad económica, como se evidencia en nuestro hermano país, Venezuela?

Alejandro Castañeda Cuervo
Director Ejecutivo de Andeg

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